Cada vez más personas con sida denuncian discriminación laboral

Hacía dos años que la empresa donde trabajaba le había informado que podía cambiar su obra social y acceder a una cuota preferencial en una importante prepaga, un "beneficio" que Lara aceptó encantada. Pero pasó el tiempo. Y pasaron cosas. Y el cambio le salió carísimo: hace 15 meses empezó a sentirse mal, se hizo varios estudios y le detectaron tuberculosis. Semanas después, le dijeron que tenía sida. Y dos meses más tarde la echaron del trabajo.

"La prepaga le avisó al jefe de personal que estaba infectada. Me hicieron la vida imposible. Pasé de ser la empleada del mes a la enemiga pública número uno. Fue terrible. Por suerte, gracias a varios testigos, estamos probando todo y creemos que vamos a ganar. Creo que me dolió más lo que me hicieron que tener VIH", lagrimea.

Lo que le hicieron a Lara, lamentablemente, se lo hacen a mucha gente. La arbitrariedad de quienes creen que una persona con VIH no puede trabajar ni mejorar su situación laboral no es excepcional. Sin embargo, hay algo que celebrar: la impunidad de quienes obran de esa manera empieza a resquebrajarse. Cada vez más víctimas identifican ese accionar como un abuso y se animan a denunciarlo y a buscar reparación ante la Justicia.

El VIH/sida es, según datos del Centro de Denuncias del Foro de ONGs contra la Discriminación, el principal motivo de denuncia por discriminación en los lugares de trabajo. En 2005 recibieron 253 casos, que representan el 36% del total. En el período 2003 habían sido 173.

"Esta evolución está íntimamente ligada a las mejores condiciones políticas y sociales para producir denuncias: las acciones reivindicativas eran impensadas en medio de la crisis. Pero también está asociada a una mayor capacidad individual para percibir el acto discriminatorio como una violación a los derechos", sostiene Daniel Barberis, director del Centro.

"Reconocer la arbitrariedad es clave. Recién después se toma la decisión de decir basta y se buscan instrumentos para la reparación del daño", agrega Barberis.

También al INADI le preocupa esta situación. El 90% de las denuncias que recibe por parte de personas con VIH son por discriminación laboral.

"A veces se 'obliga' a quien aspira a un trabajo a dar su consentimiento para hacerse el análisis. Y son frecuentes los despidos (sobre todo cuando el trabajador intenta reintegrarse tras la licencia), la no renovación de contratos y, en el caso de quienes siguen ejerciendo sus tareas, el sometimiento a actos arbitrarios y hostigamientos y los cambios de funciones o de lugar físico de trabajo", revela Enrique Oteiza, al frente del organismo.

Otro problema repetido es la falta de respeto a la confidencialidad de la información, una obligación instituida por la Ley Nacional de Sida. La norma establece que hay que consignar la condición serológica de las personas infectadas de manera codificada para preservar su identidad, algo que muchos no cumplen.

"Es lo que me pasó a mí. La prepaga detectó una enfermedad asociada al sida y cuando confirmó que estaba infectada avisó al área de personal. A los 20 días volví al trabajo y empezaron los manejos raros. Yo no entendía, había dicho que estaba con neumonía... Pero sabían. Al poco tiempo me echaron con excusas ridículas. Por suerte me habían ascendido unos meses antes. No tuvieron cómo explicar su despido y la prepaga tenía antecedentes de ese tipo", cuenta Lara.

También en la Fundación Huésped son testigos del problema. Ya suman más de 3.000 consultas por discriminación laboral. "Los más afectados son los que buscan empleo. Antes, era frecuente que te hicieran en forma solapada un análisis de VIH. Ahora hay una suerte de sofisticación de la discriminación: te hacen firmar un consentimiento informado para hacerte el test. No es obligación, pero si te negás es poco probable que te den el trabajo. Y lo mismo pasa con los estudios periódicos que exigen las empresas a sus empleados", explica Ignacio Maglio, al frente del servicio jurídico de la Fundación y del Hospital Muñiz.

Las estadísticas arrojan que las principales víctimas son los de menor rango en el escalafón laboral. Y los denunciados, los superiores jerárquicos.

"Nunca un jefe acusó a sus subalternos de cometer actos de ese tipo", asegura Barberis. "La mayoría de los casos que recibimos ocurren en la esfera privada, sobre todo en el área de la salud: es difícil para un médico o enfermero con VIH acceder a un trabajo. En el ámbito público, sólo hay casos en las fuerzas armadas y de seguridad", apunta Maglio.

La estigmatización social de la enfermedad no ayuda. Y al drama del sida hay que sumarle el peso de los prejuicios.

"La vulneración de derechos tan fundamentales como el trabajo provoca un daño tremendo a la persona con VIH: aumentan las enfermedades asociadas, aumenta el sida y las muertes", asegura Maglio.

Lo que se ha empezado a resquebrajar, dicen, es el "derecho adquirido" que durante años se le otorgó a quien discrimina en el ámbito laboral. El agresor suele tener una relación de mayor jerarquía respecto del agredido y, tradicional y culturalmente, se asoció el derecho de mandar al de cometer arbitrariedades varias. "Eso está cambiando", celebran. Lara asiente y repara: "Los primeros que tenemos que dejar de postergarnos y escondernos somos nosotros, los portadores. Nadie nos va a doblegar si nos sentimos dignos".


"Conocí la miseria humana"

Maca, la enfermera de La Plata que hace tres años fue separada de su empleo luego que se enteraron que tenía sida, ahora trabaja como autónoma, dedica su tiempo libre a luchar contra la discriminación desde una ONG y escribió su experiencia en un libro que recopila casos similares.

Ese diagnóstico también la separó de compañeros que por miedo a la discriminación nunca se atrevieron a confesar la enfermedad. Jorge —otro enfermero— murió hace ocho meses, solo y alejado de su familia por una meningitis. No pudo recibir la medicación específica para controlar el sida. "El miedo al rechazo y a ser discriminado lo obligó a esconder su situación desde el inicio", reconoció Maca a Clarín.

En el 2000 la mujer trabajaba con pacientes de riesgo en una clínica de la capital bonaerense. Según su denuncia, lo hacía "sin los elementos mínimos de seguridad". Apenas sintió el pinchazo luego de aplicar una inyección a un enfermo supo del peligro.

Recién casi dos años después, la enfermera confirmó el diagnóstico cuando ya tenía los síntomas del sida. En abril de 2003, la clínica decidió "prescindir" de sus tareas. "En este largo camino conocí todos los costados de las miserias humanas. Pero también aprendí a quererme, a cuidarme y a cuidar a los demás", dijo Maca.

Desde entonces, tiene una activa participación en el Centro de Prevención para la Salud (CPES). Intenta transmitir los conocimientos que acumuló sobre la enfermedad y las maneras de prevenir el contagio. "Hay que ganarle a la discriminación", explicó Maca, mientras muestra con orgullo el capítulo que escribió en "El sida en La Plata", un libro de distribución gratuita, que presenta el texto de Maca como un parte de guerra, aunque tan sólo es una batalla en una gran pelea por la vida.

Qué dice la ley

La discriminación laboral está prohibida por la ley 23.592. Y en los casos que involucran a personas con VIH/sida se suman infracciones a otras normas. El tema se enmarca en la ley 23.798 (de Sida), el decreto 1244/91 (que la reglamenta) y la ley 25.326, de Protección de Datos Personales.

"El problema de la discriminación es que camina por senderos ocultos. Es difícil probar que el despido o el no dar el trabajo se corresponde con el VIH", dice Maglio. "Lo que hacemos es darles a las personas infectadas que van a buscar empleo una carta documento para que la presenten en caso de que lleguen al examen médico. La carta dice que son portadores, que tienen derecho a trabajar y que los respaldan determinadas leyes. Es un modo de sentar prueba ante un posible caso de discriminación. Lo mismo hacemos con los trabajadores ante exámenes médicos de rutina".

Sin argumentos
Oscar Angel Spinelli
ospinelli@clarin.com

En la Argentina hay unas 27 mil personas con VIH que reciben el tratamiento gratuito que brinda el Estado. La estimación oficial indica que otras 100 mil estarían infectadas, pero que no existen registros de ellas. El cóctel de drogas y otros medicamentos contra el sida son caros y requieren de una enorme erogación mensual. ¿Por qué entonces no darse a conocer y tener asistencia? Quizá porque un importante porcentaje de los infectados temería ser discriminado. Y esto es peligroso, en varios sentidos. El enfermo debe ser contenido por la sociedad. No hay argumentos que puedan validar la discriminación. Muchas empresas deberían tomar nota del aumento de las denuncias. Y evitar tanto daño.

Dónde consultar

Foro No Discriminación: foronodiscriminacion@ciudad.com.ar y tel: 4951-5037.

INADI: 0800-666-9408

Fundación Huésped: 4981-1828

Fundación Descida: 4825-4263 / 4822-9236


Demandas en el trabajo

Desde el 2002, más de un tercio de las denuncias recibidas en el INADI son por discriminación laboral. La mayoría, por motivos político-ideológicos (en general por actividad gremial). "Hubo dictámenes nuestros que luego tuvieron fallos judiciales a su favor. En uno la Corte Suprema llegó a ordenar la reincorporación", comentaron en el organismo, donde ante cada caso los expertos elaboran un dictamen que suele ser solicitado por los jueces en caso de juicio.

En el Centro de Denuncias contra la Discriminación también recogen cada vez más casos vinculados al ámbito laboral. En 2003 representaban el 19% del total, con 2.058 casos, y en 2005 llegaron al 31%, con 2.254 casos.

La crisis multiplicó los casos y favoreció el surgimiento de nuevas y más sutiles formas de discriminación. Desde el 2001 se perdieron muchos puestos de trabajo y, según los entendidos, hubo un profundo retroceso en la calidad de las relaciones laborales.